Falta de fondos estatales pone en crisis al Instituto Preparatorio de Menores en San Cristóbal
El IPREME enfrenta dificultades financieras que amenazan su continuidad tras la suspensión de recursos estatales
San Cristóbal, 20 de abril de 2026.— El Instituto Preparatorio de Menores (IPREME), institución pionera en la rehabilitación de adolescentes en conflicto con la ley desde 1956, atraviesa una crisis financiera debido a la suspensión del financiamiento estatal en medio de su proceso de transición administrativa hacia el Ministerio de Justicia. Esta situación pone en riesgo la continuidad de sus programas de reinserción social y formativa.
Crisis financiera y apoyo temporal
El IPREME ha dependido históricamente del financiamiento de la Procuraduría General de la República, que actualmente está suspendido mientras se formaliza la transferencia administrativa al Ministerio de Justicia. Esta interrupción ha dejado a la institución sin recursos regulares, por lo que ha tenido que recurrir a aportes extraordinarios de entidades como la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y al apoyo del obispo de Baní, Faustino Burgos.
Sin embargo, la dirección del IPREME advierte que estas ayudas no pueden sustituir la responsabilidad estatal de garantizar los derechos y la protección de los menores bajo su cuidado.
José Gerardo Agreda Contreras, director general del centro, hizo un llamado urgente para que las autoridades aceleren el proceso de firma del convenio legal que aseguraría la estabilidad financiera y operativa de la institución. “Nuestra obra se hace con las manos y el corazón, pero requiere del respaldo legal y financiero del Estado para no detenerse”, expresó, señalando que únicamente los fondos del área educativa continúan fluyendo con normalidad.
Un modelo histórico de rehabilitación con más de siete décadas
Fundado el 14 de mayo de 1956, el IPREME está gestionado por los Religiosos Terciarios Capuchinos, conocidos como amigonianos, y se basa en la pedagogía del amor impulsada por el educador español Luis Amigó. Su enfoque se centra en la reinserción social mediante la formación técnica, acompañamiento psicológico y espiritual, evitando el modelo punitivo tradicional.
Ubicado en la avenida Luperón #31 de San Cristóbal, el instituto ha sido un espacio de integración comunitaria. Allí, talleres de carpintería, mecánica y panadería han servido tanto para la formación de los jóvenes como para brindar servicios a la población local.
Históricamente, el IPREME ha funcionado bajo un esquema de cogestión entre el Estado, encargado del financiamiento, y la Iglesia, responsable de la formación y dirección pedagógica. Esta alianza ha permitido que miles de adolescentes se reintegren a la sociedad como ciudadanos productivos, superando incluso periodos críticos de la historia nacional, como la caída del régimen de Trujillo en 1961 y la Revolución de 1965.
Riesgos ante la falta de un marco jurídico y recursos
La falta de un marco jurídico actualizado y la ausencia de recursos económicos amenazan con interrumpir una labor que ha perdurado por más de 70 años. La dirección del IPREME advierte que, si no se resuelve a corto plazo esta situación, se comprometerá el derecho a la protección integral de los adolescentes y se pondrá en riesgo uno de los programas de reinserción social más emblemáticos del país.
El proceso de transición administrativa requiere de un respaldo firme que garantice la continuidad operativa y la atención adecuada a los menores, tal como lo establece la legislación nacional en materia de protección a la infancia y adolescencia.
Para más información sobre los derechos de los menores y políticas públicas relacionadas, puede consultarse la página oficial del Gobierno de la República Dominicana, donde se detallan los marcos legales y los programas estatales de protección y rehabilitación.
El Instituto Preparatorio de Menores representa un pilar fundamental en la rehabilitación juvenil en la República Dominicana. Su situación actual refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de financiamiento y actualización normativa para garantizar la protección y desarrollo integral de los adolescentes en conflicto con la ley.
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