Italia acelera aprobación de Ley de Seguridad amid críticas de inconstitucionalidad
El gobierno de Meloni impulsa un paquete legislativo para endurecer el control social y la respuesta policial
El gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, aceleró este 19 de abril de 2026 la aprobación de un nuevo decreto de seguridad que endurece las penas por protestas sociales y amplía las facultades policiales. La medida fue aprobada en el Senado tras una sesión maratoniana de once horas en Roma, en un contexto de fuerte debate político y críticas sobre la posible violación de derechos fundamentales. La coalición de derecha impuso la votación ante la amenaza de que el decreto decayera el próximo 25 de abril, fecha simbólica para Italia por la conmemoración de la Liberación.
Cambios clave en la Ley de Seguridad
El decreto incluye varias reformas que buscan reforzar el aparato punitivo estatal para controlar el descontento social. Entre las disposiciones más polémicas se encuentra la extensión de la prohibición para que personas condenadas por resistencia o daños participen en manifestaciones públicas. Además, se endurecen las penas por delitos menores como hurtos y alteraciones del orden público.
La ley también autoriza a las fuerzas policiales a usar pistolas de aire comprimido con spray de pimienta y proyectiles de pintura para marcar a manifestantes considerados “peligrosos”. Esta medida ha generado preocupación en sectores de la sociedad civil por el riesgo que representa para la integridad física de los participantes en protestas.
Controversia sobre el “fermo preventivo”
El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) emitió un pronunciamiento crítico —aunque no vinculante— alertando que la ley afecta libertades fundamentales. En particular, cuestiona la figura del “fermo preventivo”, que permite a la policía detener a ciudadanos hasta por doce horas durante manifestaciones con base en indicios vagos, sin necesidad de justificar legalmente la detención.
El CSM advierte que esta medida otorga una discrecionalidad excesiva a las autoridades y podría contravenir el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, poniendo en riesgo la constitucionalidad del decreto.
Reacciones políticas y sociales
La aprobación del decreto generó tensiones dentro del bloque gobernante de derecha. Partidos como la Liga y Fratelli d’Italia compitieron por endurecer aún más algunas disposiciones, como las relacionadas con desalojos y la exclusión de indemnizaciones para familiares de víctimas de delitos. Finalmente, estas propuestas se transformaron en acuerdos de compromiso para asegurar el pase de la ley.
Por su parte, las minorías parlamentarias anunciaron un bloqueo total en la Cámara de Diputados y denunciaron la falta de diálogo y transparencia en la tramitación. Calificaron el proceso como una imposición autoritaria que criminaliza la pobreza y la disidencia, justo en un momento de creciente desigualdad social.
La decisión de acelerar la aprobación justo antes del 25 de abril, día que recuerda la liberación de Italia del fascismo, fue interpretada por organizaciones de derechos civiles como un intento de restringir el derecho a la protesta y fortalecer la represión estatal.
Este paquete legislativo italiano refleja un giro hacia políticas de orden público más estrictas en Europa, en medio de debates sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. Más información sobre los derechos fundamentales puede consultarse en el sitio oficial del Consejo de Europa.
